Se adjuntan al final de estas líneas la nueva guía publicada por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por un lado, y, por otro, la nota interpretativa que de dicho documento realiza la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía Española, en la que se señala que, si bien bastantes de las cuestiones que en su día se plantearon desde el Consejo al legislador, han quedado aclaradas, otras, en cambio “no se han aclarado o se han interpretado de manera distinta a cómo la Subcomisión cree que debía haberse llevado a cabo”.

Guía registro proveedores

Nota Subcomisión CGAE

Se adjunta al final de estas líneas la comunicación emitida por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del ministerio de Economía en el que se relacionan la evolución de las jurisdicciones que, de acuerdo con la declaración de GAFI de 21 de junio de 2019, no están desarrollando las medidas necesarias para proteger la integridad de sus sistemas financieros dentro del marco internacional de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como las últimas medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea sobre operaciones financieras y comerciales con ciertos países.

Comunicación CBC

Adjuntamos al final de estas líneas el informe elaborado por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra “O” del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

En dicho informe, que no tiene carácter vinculante, la Subcomisión considera que los letrados colegiados no están sujetos a la obligación de inscripción en el registro mercantil, por cuanto, entre otras coses, entienden los miembros de la Subcomisión, los profesionales de la abogacía, cuando realizan determinadas actividades profesionales, ya están incluidos en otro epígrafe normativo de prevención (concretamente en la letra b) del art. 2.1.3. de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, Cuarta Directiva en materia de PBC/FT), por lo que no lo estarían en la mencionada letra “o” del art 21 .de la ley 10/2010.

Además, añade la Subcomisión, que “si consideramos que la ratio legis de la regulación en la Cuarta Directiva de la obligación de someter a registro a los proveedores de servicios a sociedades se encuadra dentro de la normativa de supervisión y el control de los sujetos obligados, podemos interpretar que la colegiación obligatoria de los letrados en nuestro país satisface las exigencias de la norma comunitaria, sin que sea preciso imponer nuevas obligaciones registrales para nuestro colectivo”.

Informe subcomisión Prevención blanqueo

La Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias del ministerio de Economía y Empresa ha publicado en su web, conforme a lo que establece la normativa vigente, el listado de las sanciones y medidas administrativas impuestas en 2018 por el incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En total, se computan 43 medidas / sanciones, de las que 12 han recaído en despachos de abogados, lo que demuestra la importancia de cumplir con las exigencias normativas de prevención, incluidas las obligaciones en materia de formación, objetivo al que responden las acciones formativas sobre prevención de blanqueo que organiza periódicamente el ICAIB.

En concreto, en el listado figuran cuatro requerimientos a despachos de abogados para que adopten, a la mayor brevedad posible, las medidas que garanticen el cumplimiento de la obligación de formar a los empleados, y ocho sanciones por infracciones graves, con multas de entre 60.001 y 80.000 euros, ya sea por incumplimiento de la exigencia de examen externo, ya por no comunicar al SEPBLAC la propuesta de nombramiento de representante, o por incumplir la obligación de establecer órganos adecuados de control interno.

Más información

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 30 de mayo de 2018
por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE